El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y
la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para
prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de
procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional,
que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y
perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia
ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras
de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para
su financiamiento.
Asimismo, esta Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.
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